miércoles, 18 de febrero de 2009

Los centros de menores no son el país de las maravillas

Así se ha referido el Defensor del Pueblo a las declaraciones del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid negando las irregularidades que Enrique Múgica recoge en el informe que el pasado martes fue presentado en el Senado.

Todos y todas hemos contemplado en los medios de comunicación como el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, dijo que el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Manuel Moix, "parecía que estaban contando "Alicia en el país de las maravillas" cuando negó las irregularidades en los centros de menores de la Comunidad de Madrid que había denunciado un informe de la institución.

"Me ha parecido insólita la comparecencia de la consejera de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, responsable en última instancia del contenido de estos informes, y del Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia. Más parecía que estaban contando "Alicia en el país de las maravillas", declaró Múgica.

"Hemos recorrido 27 centros y hemos sacado conclusiones en algunos casos esperanzadoras y en otros desalentadoras. En estas, los menores no reciben el tratamiento que debieran y que por lo tanto, cuando salen de esos centros a los 18 años, tienen que adaptarse a la vida en condiciones poco gratas", explicó Múgica, para incidir en que estos jóvenes "se encuentran desarmados ante la vida" y eso se debe "desterrar", al igual que "el método de corregir y castigar".

Como recordaréis en el informe del Defensor del Pueblo se asegura que muchos de estos centros vulneran los derechos de los menores, maniatándoles, se les impide la asistencia a su centro educativo o la salida al patio durante una semana, denominando estas actuaciones como "medidas educativas creativas" o "medidas correctoras".

Entre las recomendaciones del Defensor del Pueblo en el informe, destacan la realización de investigaciones que permitan conocer los datos básicos sobre la incidencia de este problema en la sociedad y que se preste especial atención al desarrollo de protocolos que delimiten el ámbito de atención a menores con trastornos de conducta, en el marco del Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2006-2009.

A raíz de la publicación del informe, el Gobierno solicitó a la Fiscalía General del Estado una investigación sobre los centros de menores con trastornos de conducta, y los grupos parlamentarios del PP y de ERC-IU-ICV solicitaron la comparecencia del fiscal general del Estado, para informar sobre los casos de malos tratos.

IU ha solicitado por su parte una modificación en la Ley del Menor para que se garantice que estos centros sean públicos "con garantías públicas", ya que, en opinión del diputado Gaspar Llamazares, "la privatización de estos centros es lo que ha conllevado una desprofesionalización, un deterioro en la atención a los menores y, en algunos casos, actuaciones ilegales". Por su parte, el PSOE ha pedido también en el Congreso que se redacte "un catálogo de buenas prácticas" que sirva al intercambio de experiencias y formación especializada y continuada de los educadores.
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