Con motivo del “Día mundial contra el trabajo infantil”, la OIT denuncia que cerca de 215 millones de niños y niñas de todo el mundo sufren esta lacra. En España tenemos que recordar los miles de jóvenes que abandonaron el sistema educativo de manera prematura, encontrándose en la actualidad en las peores condiciones para afrontar el futuro.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) instituyó el primer “Día mundial contra el trabajo infantil” en 2002 como forma de poner de relieve la gravísima situación de los niños y niñas explotados laboralmente en el mundo. Este día se celebra 12 de junio, y tiene por objeto ejercer de catalizador del creciente movimiento mundial contra el trabajo infantil, reflejado en el gran número de ratificaciones del Convenio núm. 182 sobre las peores formas de trabajo infantil y el Convenio núm. 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo.
Las organizaciones miembros de la Internacional Sindical de la Educación, consideran que el trabajo infantil es una de las mayores lacras que perviven en el siglo XXI, manifestando que el trabajo infantil no libra a niñas y niños de la pobreza. La pobreza se combate con la universalización de la educación. Ofrecer acceso a una educación gratuita, obligatoria y de calidad para todas las niñas y niños hasta la edad mínima de admisión al empleo es una estrategia fundamental, y avanzar hacia una mínima igualdad de oportunidades. Educadores y educadoras, de todo el mundo, tienen que ser actores clave en las iniciativas para luchar contra esa lacra. Por eso las organizaciones de los educadores tienen que impulsar, junto al resto de la sociedad civil y con los organismos nacionales e internacionales, esta lucha.
En España la escolarización obligatoria llega hasta los 16 años, la edad legal para acceder al mercado de trabajo. Este derecho está garantizado por ley, estando tan interiorizado, que resulta difícil imaginar la extensión del problema lejos de la realidad europea. Pese a los avances producidos hasta el 2008 en el “Programa Educación para Todos”, enmarcado en los Objetivos del Milenio de la UNESCO, la propia O.I.T. estima que hay 215 millones de niños en el trabajo infantil, de los cuales 115 millones están directamente involucrados en un trabajo con tendencia a dañar la salud física, mental o moral de estos niños, que, en algunos casos, puede incluso poner en peligro su vida.
Estamos hablando, en la forma más grave, de trata de niñas y niños que alcanza la explotación sexual; de trabajos forzados con restricción de libertad, control con abuso de autoridad, violencia física o mental y ausencia de consentimiento; de trabajos en situación de semiesclavitud; de niñas y niños utilizados en actividades ilícitas; y de niños implicados en conflictos armados: una realidad, la de los niños soldados que denuncia el último informe de la UNESCO sobre el citado Programa de “Educación para Todos”.
En un segundo nivel de peligrosidad, estamos hablando de los “niños de la calle”, los que se buscan la vida en ella teniendo familia o los que carecen de ella por lo que trabajan y viven en la calle; de niñas y niños utilizados en el trabajo doméstico para atender a un tercero, con frecuencia simplemente remunerados en especie; de niñas y niños que se dedican a la recuperación de materiales reciclables; de niños porteadores de mercancías o de niños mendigos.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) instituyó el primer “Día mundial contra el trabajo infantil” en 2002 como forma de poner de relieve la gravísima situación de los niños y niñas explotados laboralmente en el mundo. Este día se celebra 12 de junio, y tiene por objeto ejercer de catalizador del creciente movimiento mundial contra el trabajo infantil, reflejado en el gran número de ratificaciones del Convenio núm. 182 sobre las peores formas de trabajo infantil y el Convenio núm. 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo.
Las organizaciones miembros de la Internacional Sindical de la Educación, consideran que el trabajo infantil es una de las mayores lacras que perviven en el siglo XXI, manifestando que el trabajo infantil no libra a niñas y niños de la pobreza. La pobreza se combate con la universalización de la educación. Ofrecer acceso a una educación gratuita, obligatoria y de calidad para todas las niñas y niños hasta la edad mínima de admisión al empleo es una estrategia fundamental, y avanzar hacia una mínima igualdad de oportunidades. Educadores y educadoras, de todo el mundo, tienen que ser actores clave en las iniciativas para luchar contra esa lacra. Por eso las organizaciones de los educadores tienen que impulsar, junto al resto de la sociedad civil y con los organismos nacionales e internacionales, esta lucha.
En España la escolarización obligatoria llega hasta los 16 años, la edad legal para acceder al mercado de trabajo. Este derecho está garantizado por ley, estando tan interiorizado, que resulta difícil imaginar la extensión del problema lejos de la realidad europea. Pese a los avances producidos hasta el 2008 en el “Programa Educación para Todos”, enmarcado en los Objetivos del Milenio de la UNESCO, la propia O.I.T. estima que hay 215 millones de niños en el trabajo infantil, de los cuales 115 millones están directamente involucrados en un trabajo con tendencia a dañar la salud física, mental o moral de estos niños, que, en algunos casos, puede incluso poner en peligro su vida.
Estamos hablando, en la forma más grave, de trata de niñas y niños que alcanza la explotación sexual; de trabajos forzados con restricción de libertad, control con abuso de autoridad, violencia física o mental y ausencia de consentimiento; de trabajos en situación de semiesclavitud; de niñas y niños utilizados en actividades ilícitas; y de niños implicados en conflictos armados: una realidad, la de los niños soldados que denuncia el último informe de la UNESCO sobre el citado Programa de “Educación para Todos”.
En un segundo nivel de peligrosidad, estamos hablando de los “niños de la calle”, los que se buscan la vida en ella teniendo familia o los que carecen de ella por lo que trabajan y viven en la calle; de niñas y niños utilizados en el trabajo doméstico para atender a un tercero, con frecuencia simplemente remunerados en especie; de niñas y niños que se dedican a la recuperación de materiales reciclables; de niños porteadores de mercancías o de niños mendigos.
La sociedad y los educadores no debemos mirar para otro lado; pues como manifiesta la UNESCO desde el estallido de la Crisis, muchos países donantes están incumpliendo sus compromisos de ayuda, que impedirán resolver muchas de estas situaciones.
Que las leyes sean avanzadas en España y en la EU-15, no impide que desde la sociedad consciente y educadora reflexionemos críticamente sobre nuestra realidad más próxima. Las Convenciones 182 y 190 de la O.I.T. consideran que, al menos para los empleos más penosos, no se debe trabajar hasta los 18 años. En España la tasa de abandono escolar ha superado el 30% hasta el momento actual. En los años de más desarrollo, cientos de miles de jóvenes abandonaron su proceso formativo para ocupar empleos no cualificados y "falsamente" bien remunerado. Ocupaciones que la Crisis se ha llevado por delante. Estos jóvenes se encuentran con unos hábitos de vida y consumo muy altos, frustados por la realidad de ser simples peones de usar y tirar. Ya podemos aplicar didáctica para motivarles a retornar al sistema educativo, ¡UNICA! esperanza de ganar un proyecto digno de vida.
La mejor inversión de futuro de cualquier sociedad, es la que fomenta la educación y la formación. Sin ella no hay alternativas. Este es un mensaje especialmente significativo en el momento presente en España, donde están en proceso de constitución los nuevos Gobiernos Autonómicos, responsables de la Educación en su territorio. Sus políticas deben proteger el bien común más preciado, la educación. Su potenciación es la garantía de un futuro colectivo.
Que las leyes sean avanzadas en España y en la EU-15, no impide que desde la sociedad consciente y educadora reflexionemos críticamente sobre nuestra realidad más próxima. Las Convenciones 182 y 190 de la O.I.T. consideran que, al menos para los empleos más penosos, no se debe trabajar hasta los 18 años. En España la tasa de abandono escolar ha superado el 30% hasta el momento actual. En los años de más desarrollo, cientos de miles de jóvenes abandonaron su proceso formativo para ocupar empleos no cualificados y "falsamente" bien remunerado. Ocupaciones que la Crisis se ha llevado por delante. Estos jóvenes se encuentran con unos hábitos de vida y consumo muy altos, frustados por la realidad de ser simples peones de usar y tirar. Ya podemos aplicar didáctica para motivarles a retornar al sistema educativo, ¡UNICA! esperanza de ganar un proyecto digno de vida.
La mejor inversión de futuro de cualquier sociedad, es la que fomenta la educación y la formación. Sin ella no hay alternativas. Este es un mensaje especialmente significativo en el momento presente en España, donde están en proceso de constitución los nuevos Gobiernos Autonómicos, responsables de la Educación en su territorio. Sus políticas deben proteger el bien común más preciado, la educación. Su potenciación es la garantía de un futuro colectivo.
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