Este mes de enero se cumplen 20 años de la incorporación de los profesionales de la Educación Social a los Institutos de Educación Secundaria de Extremadura. Fue una apuesta innovadora de la Junta de Extremadura para impulsar el vetusto sistema educativo extremeño, renovarlo y convertirlo en el eje vertebrador del futuro de la región.
Nos situamos en el año 2002, la Junta
de Extremadura vuelca sus anhelos de futuro en la potenciación de la nueva
competencia tras la transferencia del estado: la educación no universitaria. En
este contexto se anunciaron y pusieron en marcha medidas transformadoras, como
la apuesta por las TIC en los centros de secundaria, dotando de ordenadores a
las aulas extremeñas, o la apertura de un significativo número de IES e IESO en
distintas localidades de la comunidad, ampliando la configuración de la red de
centros en todo el territorio.
Desde el primer momento la
incorporación de los Educadores Sociales a la Secundaria de Extremadura,
buscaba facilitar una óptima integración del alumnado en los centros educativos,
el fomento de la convivencia escolar, la lucha contra el absentismo y el
fomento de la participación de las familias y del entorno social en la vida de
los centros.
Desde luego fue una decisión
acertada, y más si observamos la evolución de la sociedad en este siglo XXI,
donde la existencia de figuras con capacidad de cohesionar, de mediar, de
aportar valores, de personalizar actuaciones, desde una perspectiva
transversal, son claves para el bienestar y desarrollo integral de las personas,
y más de los adolescentes.
Pero después de 20 años las
Educadoras y Educadores Sociales siguen sin estar plenamente integrados en el
sistema educativo extremeño, a pesar de su reconocimiento expreso en la Ley de Educación de Extremadura que, en su capítulo V Otros agentes educativos, reconoce a los profesionales de la Educación Social como agentes educativos de carácter no docente,
diferenciándolos claramente del personal de administración y servicios al que
dedica el artículo VI. Sin embargo, en la realidad los Educadores Sociales siguen estando en el
ámbito de la administración y servicios, cuando es evidente que nuestra labor no
es ni lo uno, ni lo otro, sino una
intervención educativa no docente, que incluye tareas tan esenciales como las
que hace años venimos desempeñando y que ahora gracias a la Ley de protección Integral a la infancia y
adolescencia frente a la violencia se pone nombre, como es la coordinación de Bienestar y Protección
en los IES de Extremadura, o la coordinación en estos mismos centros de los planes
de igualdad; planes de convivencia...,
conectando nuestros centros con los recursos existentes y dependientes de
otras administraciones como los programas
de ayuda a las familias; de Servicios
de Atención Social Básica; de Protección
a la Infancia; Fiscalía de Menores; Oficinas de Igualdad; de dispositivos de
Atención Integral a las Mujeres o
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, etc.
Todas estas tareas requieren de
una formación permanente, pero nos encontramos con paradojas como que después
de 20 años en los IES extremeños, los y las Educadoras Sociales estamos
excluidos de participar en el instrumento formativo del sistema educativo
extremeño por excelencia: los CPR. Si queremos formarnos y que esa formación
sea reconocida, tenemos que recurrir Escuela de Administración Pública, cuya
programación, lógicamente, es destinada al conjunto de Empleados Públicos de la Administración General y que, por tanto, no puede responder a las necesidades
formativas de un colectivo tan especializado y dinámico como el nuestro. Lo
mismo sucede con la coordinación de programas importantes e innovadores en la
educación de nuestra región como los relacionados con la formación en el uso de
los dispositivos digitales conectados a Internet,
de prevención contra las adicciones a
sustancias o sin sustancias, de fomento
de la participación, de fomento de recursos tan potentes como la Radio
Educativa etc. La actividad dinamizadora que realiza el colectivo en todas
estas tareas, es sistemáticamente invisibilizada, administrativamente, para los profesionales de la Educación Social.
Estos son solo unos ejemplos,
pero podríamos añadir muchos más. Por ello considero necesario que tras 20 años desarrollando un papel socioeducativo clave en los Instituto de Educación Secundarias, y otros muchos años en los Centros de Atención a Menores; en los Centros de Reforma; en las Residencias Escolares y Escuelas Hogar; en los Centros de Educación Especial; en los Centros de Atención a Minusválidos Psíquicos,
Centros Ocupacionales, dispositivos
de Protección a la Infancia, a Mujeres,
Mayores, Desempleados, Estudiantes
Universitarios etc., la administración autonómica debe dar un paso adelante
para apoyar esta labor y avanzar en el reconocimiento de nuestra actividad
profesional transversal, en todos los
ámbitos socioeducativos que de ella dependen, para que, independientemente de la estructura orgánica en la que desempeña su
labor (educativo, social, de protección…)
como profesionales podamos continuar enriqueciendo e innovando en los sistemas
educativo, de atención y protección de Extremadura, recogiendo los anhelos de
transformación de hace 20 años (cuando se
fueron ejecutándose los procesos de transferencia tan relevantes, como el
educativo y sanitario) como punta de
lanza en España.
En mi opinión este proceso debe iniciarse
con la Funcionarización del colectivo de
Educadores/as que desempeñan su labor en todos los ámbito de la
Administración General de la Junta de Extremadura; que pueda existir una participación con todos los derecho en la
formación impartida por la red de CPR, así como el adecuado reconocimiento de
la intervención activa en los procesos de innovación de los distinto proyectos
y programas educativos. Necesidad de coordinación y homologación mutua de
actividades formativas de la Escuela de Administración
Pública, CPR y Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención Sociosanitaria (y
mecanismos existen para ello).
Por otro lado la experiencia de éxito
de la Educación Social en los IES, es buena medida para ampliar esta figura en
la Educación Primaria y Escuelas Infantiles, pues solo con la
intervención temprana podemos prevenir situaciones desfavorables en los menores,
así como ayudar y acompañar a las familias en el proceso socioeducativo
integral de los niños y niñas.
Mientras se produce la funcionarización ajustar a la realidad diaria, de las funciones del V Convenio Colectivo, eliminando todas aquellas tareas que nada tienen que ver con nuestra labor socioeducativa. Dotando a la Consejería de Educación y Empleo, de una figura coordinadora de los/as Educadores Sociales en el ámbito, donde hay que incluir a las Escuelas Hogar y Residencias Escolares, redefiniendo la dependencia orgánica en los IES y la coordinación con los distintos departamentos.
Alburquerque a 10 de enero 2023.
Educador Social
Nota: El 10 de enero de 2003, de la Dirección General de Trabajo, acordó
el Registro y publicación del “Acuerdo Administración- Sindicatos que
reestructura la categoría profesional de Educador incorporándolos a los IES.
(Publicado en el DOE de 14 de enero de 2003).
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