martes, 10 de enero de 2023

Reflexiones tras 20 años de educadoras y educadores sociales en el sistema educativo extremeño.

Este mes de enero se cumplen 20 años de la incorporación de los profesionales de la Educación Social a los Institutos de Educación Secundaria de Extremadura. Fue una apuesta innovadora de la Junta de Extremadura para impulsar el vetusto sistema educativo extremeño, renovarlo y convertirlo en el eje vertebrador del futuro de la región.

Nos situamos en el año 2002, la Junta de Extremadura vuelca sus anhelos de futuro en la potenciación de la nueva competencia tras la transferencia del estado: la educación no universitaria. En este contexto se anunciaron y pusieron en marcha medidas transformadoras, como la apuesta por las TIC en los centros de secundaria, dotando de ordenadores a las aulas extremeñas, o la apertura de un significativo número de IES e IESO en distintas localidades de la comunidad, ampliando la configuración de la red de centros en todo el territorio.

Desde el primer momento la incorporación de los Educadores Sociales a la Secundaria de Extremadura, buscaba facilitar una óptima integración del alumnado en los centros educativos, el fomento de la convivencia escolar, la lucha contra el absentismo y el fomento de la participación de las familias y del entorno social en la vida de los centros.

Desde luego fue una decisión acertada, y más si observamos la evolución de la sociedad en este siglo XXI, donde la existencia de figuras con capacidad de cohesionar, de mediar, de aportar valores, de personalizar actuaciones, desde una perspectiva transversal, son claves para el bienestar y desarrollo integral de las personas, y más de los adolescentes.

Pero después de 20 años las Educadoras y Educadores Sociales siguen sin estar plenamente integrados en el sistema educativo extremeño, a pesar de su reconocimiento expreso en la Ley de Educación de Extremadura que, en su capítulo V Otros agentes educativos, reconoce a los profesionales de la Educación Social como agentes educativos de carácter no docente, diferenciándolos claramente del personal de administración y servicios al que dedica el artículo VI. Sin embargo, en la realidad los Educadores Sociales siguen estando en el ámbito de la administración y servicios, cuando es evidente que nuestra labor no es ni lo uno, ni lo otro, sino una intervención educativa no docente, que incluye tareas tan esenciales como las que hace años venimos desempeñando y que ahora gracias a la Ley  de protección Integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia se pone nombre, como es la coordinación de Bienestar y Protección en los IES de Extremadura, o la coordinación en estos mismos centros de los planes de igualdad; planes de convivencia..., conectando nuestros centros con los recursos existentes y dependientes de otras administraciones como los programas de ayuda a las familias; de Servicios de Atención Social Básica; de Protección a la Infancia; Fiscalía de Menores; Oficinas de Igualdad; de dispositivos de Atención Integral a las Mujeres o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, etc.

Todas estas tareas requieren de una formación permanente, pero nos encontramos con paradojas como que después de 20 años en los IES extremeños, los y las Educadoras Sociales estamos excluidos de participar en el instrumento formativo del sistema educativo extremeño por excelencia: los CPR. Si queremos formarnos y que esa formación sea reconocida, tenemos que recurrir Escuela de Administración Pública, cuya programación, lógicamente, es destinada al conjunto de Empleados Públicos de la Administración General y que, por tanto, no puede responder a las necesidades formativas de un colectivo tan especializado y dinámico como el nuestro. Lo mismo sucede con la coordinación de programas importantes e innovadores en la educación de nuestra región como los relacionados con la formación en el uso de los dispositivos digitales conectados a Internet, de prevención contra las adicciones a sustancias o sin sustancias, de fomento de la participación, de fomento de recursos tan potentes como la Radio Educativa etc. La actividad dinamizadora que realiza el colectivo en todas estas tareas, es sistemáticamente invisibilizada, administrativamente, para los profesionales de la Educación Social.

Estos son solo unos ejemplos, pero podríamos añadir muchos más. Por ello considero necesario que tras 20 años desarrollando un papel socioeducativo clave en los Instituto de Educación Secundarias, y otros muchos años en los Centros de Atención a Menores; en los Centros de Reforma; en las Residencias Escolares y Escuelas Hogar; en los Centros de Educación Especial; en los Centros de Atención a Minusválidos Psíquicos, Centros Ocupacionales, dispositivos de Protección a la Infancia, a Mujeres, Mayores, Desempleados, Estudiantes Universitarios etc., la administración autonómica debe dar un paso adelante para apoyar esta labor y avanzar en el reconocimiento de nuestra actividad profesional transversal, en todos los ámbitos socioeducativos que de ella dependen, para que, independientemente de  la estructura orgánica en la que desempeña su labor (educativo, social, de protección…) como profesionales podamos continuar enriqueciendo e innovando en los sistemas educativo, de atención y protección de Extremadura, recogiendo los anhelos de transformación de hace 20 años (cuando se fueron ejecutándose los procesos de transferencia tan relevantes, como el educativo y  sanitario) como punta de lanza en España.

En mi opinión este proceso debe iniciarse con la Funcionarización del colectivo de Educadores/as que desempeñan su labor en todos los ámbito de la Administración General de la Junta de Extremadura; que pueda existir una participación con todos los derecho en la formación impartida por la red de CPR, así como el adecuado reconocimiento de la intervención activa en los procesos de innovación de los distinto proyectos y programas educativos. Necesidad de coordinación y homologación mutua de actividades formativas de la Escuela de Administración Pública, CPR y  Escuela de Ciencias de la Salud y de la Atención Sociosanitaria (y mecanismos existen para ello).

Por otro lado la experiencia de éxito de la Educación Social en los IES, es buena medida para ampliar esta figura en la Educación Primaria y Escuelas Infantiles, pues solo con la intervención temprana podemos prevenir situaciones desfavorables en los menores, así como ayudar y acompañar a las familias en el proceso socioeducativo integral de los niños y niñas.

Mientras se produce la funcionarización ajustar a la realidad diaria, de las funciones del V Convenio Colectivo, eliminando todas aquellas tareas que nada tienen que ver con nuestra labor socioeducativa.  Dotando a la Consejería de Educación y Empleo, de una figura coordinadora de los/as Educadores Sociales en el ámbito, donde hay que incluir a las Escuelas Hogar y Residencias Escolares, redefiniendo la dependencia orgánica en los IES y la coordinación con los distintos departamentos.

Alburquerque a 10 de enero 2023.

José Mª Izquierdo Calle
Educador Social

Nota: El 10 de enero de 2003, de la Dirección General de Trabajo, acordó el Registro y publicación del “Acuerdo Administración- Sindicatos que reestructura la categoría profesional de Educador incorporándolos a los IES. (Publicado en el DOE de 14 de enero de 2003).

 

 

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