Elaborado por la Plataforma en defensa del Estado de
Bienestar y los Servicios Públicos, integrada por 55 organizaciones que
hacen un llamamiento a participar activamente en las manifestaciones del 29 de Abril, que se celebraran en todas las capitales de provincia.
El Estado del Bienestar tiene su base en la existencia de
unos servicios públicos de calidad, universales y accesibles que atienden con
eficacia las necesidades de la ciudadanía, sobre la base del principio de
igualdad. Por ello, el gasto social destinado a mantener los servicios
públicos, es la mejor inversión que los gobiernos pueden hacer para favorecer
la salida de la crisis.
Nuestros servicios públicos constituyen uno de los sectores
productivos más dinámicos y generadores de empleo del país, son un sector
estratégico y de alto valor añadido de la economía española, que concentra
conocimiento, genera igualdad y cohesiona la sociedad en nuestro país.
España no solo no gasta más que otros países de la UE en el
sostenimiento del Estado del Bienestar, sino que el gasto está muy por debajo
de la media europea. Según datos de EUROSTAT del año 2009, en España, el gasto
social en porcentaje del PIB fue del 25%, mientras que en la UE-15 del 30,3% y
en la UE-27 el 29,5%, con una tasa de empleados públicos por debajo de la media
de la Unión Europea.
Las decisiones que están adoptando el Gobierno de España y
la mayoría de los gobiernos autonómicos de recortar el gasto social, mediante
la reducción de las prestaciones, el empeoramiento de las condiciones de
trabajo y la destrucción de empleo público, ponen en riesgo el Estado del
Bienestar que es patrimonio de la ciudadanía.
La Plataforma Social en Defensa del Estado de Bienestar y
los Servicios Públicos manifestamos a los gobiernos, central y autonómicos,
nuestro rechazo al Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012, así
como al recorte adicional de 10.000 millones en sanidad y educación aprobado
por el Consejo de Ministros. Suponen un durísimo recorte en los servicios que
debe prestar el Estado a los ciudadanos como Sanidad, Educación, Servicios
Sociales, Atención a la dependencia, Seguridad Ciudadana, Cooperación al
Desarrollo, Ayudas para el acceso a la vivienda, Administración de Justicia,
etc.
CON LA EDUCACIÓN Y LA SANIDAD NO SE JUEGA
El gasto en estos servicios públicos es parte del gasto
social y, a diferencia de lo que afirma el Gobierno, NO SON GRATUITOS. Se
financian mediante impuestos, procedentes fundamentalmente de las rentas del
trabajo, a los que contribuye el conjunto de la ciudadanía y constituyen la
mejor forma de redistribución social de la riqueza y son una inversión para el
presente y el futuro.
Defendemos la gestión pública directa como la mejor fórmula
para el acceso universal a los servicios públicos en condiciones de equidad de
acceso, tanto en el ámbito rural, como en el urbano, y es garantía de calidad y
tutela del ejercicio efectivo de los derechos subjetivos a la salud, educación,
y los servicios sociales.
Denunciamos, por tanto, las políticas de ajuste porque
reducen las inversiones públicas y ocasionan un grave deterioro de los
servicios públicos básicos y sus consecuencias en la calidad de vida de la
ciudadanía, muy especialmente de las mujeres y los sectores más vulnerables de
la sociedad, agudizan el retroceso social, obstaculizan la recuperación
económica y la generación de empleo de España.
La enseñanza pública ha impulsado el avance de nuestro país
y forma parte del contrato social gracias al derecho constitucional a la
educación. Los 3.000 millones de euros adicionales recortados por el Gobierno
en este ámbito suponen un retroceso para salir de crisis al masificar las
aulas, reducir la educación infantil de 0-3 años, aumentar las ratios de
alumnos, la sobrecarga de horas lectivas, la no cobertura de las bajas de los
docentes, reducir las becas, endurecer los requisitos para logar una ayuda al
estudio, congelar la oferta de empleo público, subir las tasas universitarias.
Todas y cada una de estas medidas obstaculizan el acceso a la educación y
suponen además de un grave coste social, para las familias y la sociedad en
general, el anuncio de una generación desaprovechada. La sanidad pública, es
uno de los servicios públicos mejor valorado por los ciudadanos. Los 7.000
millones de euros adicionales recortados por el Gobierno supondrán el
incremento de los conciertos privados y de la colaboración público-privada, al
tiempo que se seguirán cerrando centros y servicios públicos (ambulatorios,
servicios de urgencia nocturnos, camas hospitalarias, equipos diagnósticos y
quirófanos especialmente en horario de tarde) y aumentará la privatización de
servicios. Opciones que se presentarán como una solución a los problemas de
gestión directa del sistema sanitario público.
El Gobierno pretende condenar, con demagogia y sinrazón, a
los inmigrantes que viven en España a no acceder a la tarjeta sanitaria,
incumpliendo el mandato constitucional de que los poderes públicos garanticen y
tutelen la salud pública para el conjunto de la población. Esta decisión tendrá
efectos negativos en la salud pública e incrementará los gastos sanitarios.
Lo más preocupante, en los próximos meses, es el anuncio del
Gobierno de una nueva definición de la Cartera Básica de Servicios del Sistema
Nacional de Salud, que se dividirá en tres niveles diferenciados: la Cartera
común básica de servicios asistenciales, la Cartera común suplementaria y la
Cartera común de servicios accesorios, que podrá incorporar un repago según el
tramo, mediante el aseguramiento privado o el pago efectivo en el momento de la
prestación. Podemos vernos con un sistema dual y romper el principio de
solidaridad que tiene nuestro SNS.
Rechazamos la apuesta del Gobierno al plantear formulas de
copagos y repagos, porque recaen sobre quienes no tienen la formación técnica
suficiente y sobre los que necesitan más protección: los más enfermos y los más
mayores. Por primera vez en la democracia 8 millones de pensionistas
participarán en el copago farmacéutico y se incrementará la aportación de la
mayoría de la ciudadanía. Las consecuencias serán inmediatas y los pensionistas
con menos ingresos y dolencias crónicas dejaran de acudir a las consultas de
Atención Primaria, aumentando los riesgos para su salud y, consecuentemente,
incrementándose los gastos de hospitalización.
Por todo ello, la Plataforma rechaza estos presupuestos y
los recortes adicionales en sanidad y educación. Consideramos que el Gobierno
está aprovechando la coyuntura actual de crisis, como escusa, para imponer su
modelo social. Estas medidas no aportan ahorro a las arcas públicas, además se
pierden multitud de puestos de trabajo público estables, por otros temporales y
con muy bajos salarios. En el actual contexto económico, social y laboral, es
necesario revisar los plazos de cumplimiento de reducción del déficit, de
manera que los recortes no impidan la inversión productiva y el mantenimiento
del gasto que garantiza la protección social de los ciudadanos.
HAY OTRA MANERA DE SALIR DE LA CRISIS
El mantenimiento y mejora del Estado del Bienestar, garante
de la igualdad de oportunidades, la cohesión social, la superación de las
desigualdades de origen, la vertebración de toda la sociedad y el progreso
individual. Para ello es necesaria una reforma integral del sistema fiscal.
El incremento y mejora de los servicios públicos de interés
general por ser yacimientos de empleo cualificado, fuente de desarrollo
económico, creación de empleo, prosperidad y cohesión social.
La Plataforma Social en Defensa del Estado de Bienestar y
los Servicios Públicos, compuesta por más de 55 asociaciones, estamos
dispuestos a defender el presente y el futuro del Estado del Bienestar, y
exigimos al Gobierno que rectifique esta política y acepte otras opciones más
justas y equitativas para superar la crisis.
Madrid, 24 de abril de 2012
ORGANIZACIONES INTEGRANTES DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DEL ESTADO DE BIENESTAR SOCIAL Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS
CCOO
– UGT-COAG Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos -
FAISS Federación Asociaciones Inspección de Servicios Sanitarios -
ASOCIACIÓN DIRECTORES Y GERENTES DE SERVICIOS SOCIALES – (FASPU)
Federación Asociaciones en Defensa Sanidad Pública – (AUME) Asoc.
Unificada de Militares Españoles – (AUGC) Asoc. Unificada Guardias
Civiles – (CAVAS) Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales
– (CJE) Consejo de la Juventud de España - FEDERACIÓN MUJERES SEPARADAS
Y DIVORCIADAS – (UFP) Unión Federal Policía - FADEMUR Federación de
Asociaciones de Mujeres Rurales – (FAEST) Fed. Asoc Estudiantes
Progresistas - COORDINADORA ONG DESARROLLO ESPAÑA – (ACPP) ASAMBLEA DE
COOPERACIÓN POR LA PAZ – (SUP) Sindicato Unificado de Policía -
ECONOMISTAS FRENTE A LA CRISIS – (FACUA) CONSUMIDORES EN ACCION – (CEAV)
Confederación Estatal de Asociaciones de Vecinos – (FELGTB) Federación
estatal de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales - COLECTIVO
LORENZO LUZURIAGA - FUNDACION MUJERES - CEAPA – (ESFERA) Federación de
Asociaciones de Mujeres de la Economía Social - ASOCIACION MUJERES
OPAÑEL - FEDERACION MUJERES PROGRESISTAS – (UGC) Unión de Guardias
Civiles - AMIGOS DE LA TIERRA - ISCOD - UPA - PAZ Y SOLIDARIDAD - ARI
PERU - ASOCIACION ESPAÑOLA TECNICOS DE RADIOLOGIA - FEDERACION DE
ARTISTAS DEL ESTADO ESPAÑOL - MOVIMIENTO LAICO Y PROGRESISTA -
PLATAFORMA 2015 Y MAS - Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa
de la Ley de Dependencia (LAPAD) - CONFEDERACION DE MOVIMIENTOS DE
RENOVACION PEDAGÓGICA - PLATAFORMA NO GRACIAS – (AETEL) ASOCIACION
ESPAÑOLA DE TECNICOS DE LABORATORIO - ACSUR Las Segovias - LIGA ESPAÑOLA
DE LA EDUCACION Y LA CULTURA POPULAR – (CECU) CONFEDERACION DE
CONSUMIDORES Y USUARIOS – (UNAF) Unión de Asociaciones Familiares – Las
Mesas Ciudadanas de Convergencia y Acción – ATTAC – Asociación de
Mujeres por un Envejecimiento Saludable (AMES) – Asociación Progresista
de España –COORDINADORA DE COMITÉS OSCAR ROMERO DEL ESTADO ESPAÑOL –
Coordinadora Española para el Lobby Europeo de Mujeres (CELEM) –
Fundación Triangulo –Redes Cristianas – SOCIALISMO 21.
